DIARIO DEL PUERTO PULSE 2022 64 29% de las emisiones globales, de ahí la focalización en el mismo y que sea esencial para conseguir los objetivos propuestos. La primera gran propuesta es la creación de un nuevo Fondo Social para el Clima, que contribuirá a mitigar los costes para los colectivos más expuestos al aumento de los precios de los combustibles fósiles durante la transición energética. ¿De dónde saldrá el dinero de ese fondo? Del nuevo comercio de derechos de emisión que se propone para el sector del transporte por carretera, que se empezará a aplicar a partir de 2026. Ante estos objetivos medioambientales, los transportistas se enfrentan al reto de renovar sus camiones y/o furgonetas de manera inminente sin contar con los recursos para ello. Como ya es sabido, el 80% de las empresas de transporte por carretera son pequeñas o pertenecen a autónomos, por lo que su capacidad de inversión es reducida, una problemática que entra en conflicto con la urgencia de proteger el medio ambiente. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), Ramón Valdivia, y el secretario general de la Confederación Española de TransTRANSPORTE POR CARRETERA SEGURO, SOSTENIBLE Y CONECTADO La cuarta línea de la convocatoria de ayudas por 460 millones de euros para la digitalización y descarbonización del transporte que publicó el MITMA en el BOE el 29 de abril, incluido en el Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiada con cargo a los fondos europeos Next Generation, cuenta con 56,5 millones de euros de presupuesto. Entre las cuatro medidas de esta línea, destaca la M9 de “Acciones de apoyo a la implantación de la infraestructura de reabastecimiento de combustibles alternativos para vehículos pesados en la red de carreteras”, para la cual se destinan tresmillones de euros); y laM10 de “Acciones de apoyo a la renovación o adecuación demedios y maquinaria para conseguir pavimentos sostenibles: disminución de huella de carbono y sonorreductores”, para la cual el Gobierno destina 8,5 millones de euros.
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