DIARIO DEL PUERTO PULSE 2022 10 ESFUERZO DE LAS PARTES Igualmente, desde ANESCO se incide “en el esfuerzo realizado por las partes, pues la búsqueda de soluciones y acuerdos siempre comporta cesiones y renuncias”, recordando en cualquier caso “la importancia de dotar de seguridad jurídica a esta actividad económica, aportando estabilidad a las relaciones laborales, lo que contribuirá a incrementar la competitividad de los puertos españoles”. Por su parte, desde el sindicato Coordinadora, según su coordinador general, Antolín Goya, se asegura que “con esta firma no van a terminar los problemas, no vamos a encontrar la paz absoluta, pero tener unas normas claras definitivas nos dará estabilidad y nos permitirá trabajar en la consolidación de los tráficos, en la calidad y la seguridad del servicio y de los trabajadores”. Goya, quien opina que no existe ningún convenio colectivo que haya estado sometido “a este nivel de vigilancia y de presión”, considera que el V Acuerdo Marco garantiza también la estabilidad y la fiabilidad de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), “aportándoles capacidad para asegurar mercados con un modelo potente que es referente en Europa y que permite captar nuevos tráficos y consolidar los ya existentes”. SEGURIDAD JURÍDICA Uno de los principales objetivos que ANESCO y los sindicatos se pusieron como condición en el avance de las negociaciones para la firma del acuerdo colectivo fue el de blindar al UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA En su artículo “El régimen jurídico de la estiba en España: una visión desde la perspectiva de competencia” (2022), publicado en Lex Social, Revista De Derechos Sociales, María Pilar Canedo, profesora de la Universidad de Deusto y expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), sostiene que el régimen de la estiba en el ordenamiento jurídico español se ha caracterizado en la normativa reciente “por una protección de algunos trabajadores frente a otros que ha supuesto una barrera de entrada en el mercado contraria al interés general y ha uniformizado las condiciones de prestación del servicio, impedido la competencia, resultado discriminatoria y por lo tanto contraria al interés general y a derecho”. En su opinión, la liberalización del sector portuario podría aportar claras ventajas para el bienestar social en la medida en que permitiría la entrada de más trabajadores en la prestación de los servicios portuarios, mejoraría las condiciones de competitividad de los puertos y terminaría “con una situación de privilegio carente de justificación en nuestra sociedad”. Por lo tanto, las modificaciones normativas que se incluyan en el sistema deberían tender a conseguir “los objetivos de protección de todos los trabajadores y no solo los incumbentes en estándares equivalentes a los del resto de sectores de nuestra economía”. “Como sucede en otros procesos de liberalización, nada obsta a que la transición se realice de manera pausada y paulatina. Sin embargo, para conseguir llegar al objetivo perseguido, resulta necesario que todos los pasos que se identifiquen vayan en la dirección adecuada sin que el peso de los lobbies condicione una evolución favorable a la generalidad de la sociedad y el bienestar de los ciudadanos”, dice Canedo. María Pilar Canedo, profesora de la Universidad de Deusto, consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia.
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